La epidemia de Cólera Morbus de 1837 en Guatemala
Rodrigo Fernández Ordóñez
Para los guatemaltecos de la época, el año de 1837 estuvo lleno de malos presagios. El primero y más ominoso, por golpear directamente a los pobladores del Estado, fue la epidemia de cólera que llegó a su capital ese año, y el segundo, más lejano pero no menos atemorizante, fue la erupción del volcán Cosigüina, en el lejano Estado de Nicaragua, cuyas cenizas llegaron transportadas por el viento, a Guatemala. Definitivamente la Iglesia tenía razón: Dios estaba muy molesto con los guatemaltecos.
-I-
La cabeza de turco
Retrato del doctor Mariano Gálvez, jefe del Estado de Guatemala cuando se desató la epidemia de cólera. Retrato propiedad del Museo de Historia de la Universidad San Carlos (MUSAC).
El doctor Mariano Gálvez asumió funciones como jefe del Estado de Guatemala el 28 de agosto de 1831, luego de hacerse de rogar por la Asamblea del Estado, la que había presidido desde el inicio de ese mismo año. Al serle comunicada su elección como jefe del Estado de Guatemala dentro de la Federación de Centro América, manifestó, según recoge Jorge Luis Arreola en su interesante libro dedicado a la figura de Gálvez:
“… que los votos del pueblo le eran lisonjeros, porque testimoniaban el favorable concepto que les merecía; pero que no podía aceptar el destino que se le confiaba. Dijo que las circunstancias difíciles del momento exigían un hombre de extraordinario tino nada común, dispuesto, además a sacrificar sus intereses personales en favor de la patria. Anunció entonces, casi como una profecía, que perdería el aprecio de sus conciudadanos ‘por no ser fácil marchar en la difícil senda del gobierno a entero beneplácito de todos los buenos patriotas’”.[1]
Su renuncia es rechazada por quienes años después han de cavar su tumba política, y decide asumir la jefatura. En seguida se pone manos a la obra para solucionar el permanente estado de zozobra que había vivido Guatemala a raíz de los enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador. A su llegada al despacho ejecutivo del Estado, los conservadores habían sido obligados a salir al exilio, o se habían escondido para reagruparse y conspirar, así que una de las primeras medidas tomadas por Gálvez fue la organización de una milicia civil que se encargara de mantener la tranquilidad, que constaba de dos cuerpos el movible y el sedentario, al que estaban llamados a incorporarse a filas de forma “obligatoria” todos los guatemaltecos de 18 años en adelante. En paralelo, presenta una propuesta de Ley de Orden Público que le permita actuar de forma expedita y contundente en contra de la oposición. También divide el territorio del Estado en cuatro comandancias militares y nombra a cargo de cada una a un general y en consecuencia se priorizan los gastos militares. Cabe recordar que el Estado de Guatemala, al ser sede de la capital federal, había sufrido de invasiones y guerra civil desde hacía varios años, y que en consecuencia, el tema de la seguridad, la paz y la tranquilidad era prioritario para cualquier gobernante responsable.
El plan de gobierno de Gálvez, por lo tanto, se fundamentaba en tres principios básicos: democracia abierta y participativa, cimentación de las instituciones y emisión de leyes que garantizaran la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del Estado. Y esto podría parecer una buena idea a simple vista, pero el camino para lograrlo, lleno de tortuosas negociaciones, manipulaciones y enfrentamientos, causaría un desgaste irreparable en la figura del doctor Gálvez.
Según cuenta en ciertos documentos oficiales, Frederick Chatfield, cónsul británico en Centro América, Gálvez escogía y pagaba a los diputados guatemaltecos ante el Congreso Federal, y eso le permitía controlar la representación más numerosa del Estado en dicho cuerpo legislativo. El diplomático afirmaba que gracias a sus manipulaciones, Gálvez había logrado convertirse en el virtual dueño de la Federación y del Estado de Guatemala, arrinconando a la oposición a un papel insignificante.[2] Según apunta otro testigo de la época, los manejos políticos de Gálvez convirtieron las elecciones en “…encuentros exclusivamente partidistas, agudizados por rivalidades personales caracterizadas por la absoluta falta de franqueza, dirigidas al apoyo a ciertas personas en menoscabo del interés público, todo con el único propósito de asegurar que el poder discrecional permaneciera en ciertas manos…”,[3] testigo que nos viene a confirmar que de acuerdo a la máxima del sabio Salomón, nada hay nuevo bajo el sol.
-II-
Las reformas
Pero si bien hubo sombras en el gobierno de Gálvez, y muy largas, también hubo luces, hay que decirlo. El jefe del Estado buscó formas de mejorar la situación económica, por medio de la modernización de la agricultura, introduciendo nuevas semillas para experimentar con los cultivos, importó herramientas y maquinaria agrícolas, en un claro intento de tecnificar el atrasado sistema agrícola imperante, y dio su apoyo a nuevas industrias, como la introducción al país de una fábrica de vidrio. Bajo sus auspicios se fundó una Sociedad para el Fomento de la Industria del Estado de Guatemala y una asociación de productores y se procuró la diversificación y el aumento de la producción agrícola.
En el mismo sentido, e intentando que la migración implicara la importación de tecnología no disponible en el país en la época, se buscó implementar una política de establecimiento de colonos que se instalaran en los puntos de acceso más importantes del país, para que los recién llegados compartieran con la población local sus conocimientos, habilidades y técnicas. Gálvez esperaba que los colonos desarrollaran la infraestructura necesaria para comercializar sus productos, y con esa idea se suscribe con Inglaterra un paquete de cuatro contratos en el año de 1834, otorgando a la Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de América Central, vastas extensiones de territorio en lo que es actualmente Petén, Alta y Baja Verapaz y Chiquimula. Las concesiones incluían los títulos de propiedad y la autoridad para explotar los recursos existentes, beneficiándolos también con exenciones, derechos y privilegios amplios de todo tipo. Arreola critica benévolamente estos contratos, formalizados el 6 de agosto de 1834 y ratificados por la Asamblea Legislativa del Estado el 14 del mismo mes y sancionados por el Consejo Representativo, el día 19.
Dice Arreola:
“…aprobó, posiblemente sin meditar en las serias consecuencias que pudo haber tenido, la inusitada concesión otorgada a la Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de América Central, por la cual se le concedían privilegios que, de haberse aplicado totalmente el plan previsto, habrían comprometido gravemente nuestra soberanía. Al analizar dichos privilegios con juicio ecuánime, lejos de toda presión emocional, habrá de anotarse el hecho, muy importante y señalado ya, de que el jefe de Estado pensaba hacer de Guatemala un país que recibiese los beneficios inmediatos de su acción progresista, a la que él no podía dar todo el impulso requerido por estar emparedado entre la miseria y la ignorancia…”[4]
Al respecto, apunta el historiador Jorge Luján Muñoz:
“…Se otorgaron inmensas concesiones en los departamentos de Chiquimula, Izabal y Petén, que afectaron a los habitantes y municipios. Semejante generosidad con extranjeros, que además en muchos casos no eran católicos, generó resistencia entre la población local, que aprovecharon los curas. Los proyectos fracasaron por su mala planificación y peor ejecución, e indican el alejamiento que existía entre la élite liberal capitalina y la realidad rural…”[5]
Paralelamente, y en su afán de crear las condiciones ideales para el soñado e inalcanzable progreso, dispuso que en un sitio malsano y remoto, llamado La Buga, en la desembocadura de Río Dulce, se realizaran las obras necesarias para poder recibir barcos de gran calado, para ya no depender del puerto de Belice, quien contaba con las condiciones para recibirlos, y luego transportaba los bienes en navegación de cabotaje (navegación por aguas poco profundas que sigue el contorno de las costas siempre a la vista). El lugar fue bautizado con el nombre de Livingston[6], en honor a un reformador judicial de Luisiana, pero demostró ser un sitio poco adecuado, por lo que las obras se trasladaron a la bahía de Santo Tomás, pero la escasez de fondos impidió desarrollar el proyecto.
Para solucionar la falta crónica de recursos que aquejaba históricamente al Estado, inició una reforma del sistema fiscal. Eliminó el diezmo y estableció impuestos calculados en bases fijas y no en bases anuales, para facilitar su recaudación. Se creó un impuesto directo personal anual que debían pagar todos los hombres entre 18 y 46 años y se asignó la responsabilidad de la recaudación fiscal a los Jefes Políticos de los Departamentos. El abandono de la forma tradicional de impuestos causó mucho resentimiento, pero a su vez le representó al Estado un incremento significativo de recursos, principalmente la abolición del diezmo eclesiástico, que fue sustituido por una “Contribución territorial”, mediante la cual se obligó a los propietarios a que en un plazo específico registraran los títulos de propiedad sobre sus tierras. Esta medida tenía por objeto contar con un registro que permitiera calcular las contribuciones, pero también validar los títulos de propiedad e identificar los sitios baldíos. Lastimosamente, muchas comunidades indígenas dueñas de tierra comunal, no registraron sus títulos por desconfianza a la medida, provocando problemas que se agudizarían con el tiempo, pues muchos ejidos y tierras comunales fueron ocupadas por terratenientes que pretendieron reclamarlos como propios.
En el plano de la educación se creó un programa para implementar un Sistema de Educación Seglar Pública General, con la idea de que la educación fuera la fuerza democratizadora de la sociedad, basado en cinco importantes puntos que a pesar de la distancia (casi doscientos años), algunos continúan manteniendo su vigencia: educación pública gratuita en todos los niveles y accesible para todos los habitantes; la educación privada sería permitida, únicamente, bajo la tutela del Estado; se creó una estructura institucional jerarquizada presidida por una Academia de Estudios; toda municipalidad debía tener una escuela elemental de nivel primario que podría compartirse con otro municipio, siempre que no estuviera a más de una legua de la población y cada cabecera departamental o pueblo con la suficiente capacidad, debía tener escuelas de secundaria para hombres y mujeres. El proyecto incluía escuelas para indígenas en cada cabecera departamental, en la que se “civilizara” a la población. También se implementó un sistema de escuelas departamentales para adultos. A cada parroquia se le asignó la responsabilidad de realizar campañas de alfabetización los días domingo, con material provisto por el Estado. Dentro de las filas del ejército, los oficiales debían alfabetizar a la tropa, para que este llegara a constituirse eventualmente en un “ejército de ciudadanos”.
Necesariamente este proyecto de grandes esfuerzos para la modernización del Estado provocó molestias y afectó intereses que se habían venido perpetuando gracias al régimen colonial que el nuevo sistema republicano no había entrado a modificar. El doctor Mariano Gálvez se convirtió con el tiempo, y sin deseos de martirizarlo, por supuesto, en la cabeza de turco ideal para suspender el ambicioso programa de reforma. La pérdida de influencia en ciertos sectores tradicionales levantó protestas, dentro de las que se hizo escuchar con más fuerza la iglesia, que denunció que el programa de reformas “…socavaba los valores propios del país, traería al protestantismo y copiaba modelos extranjeros. Los curas fueron los más eficientes aliados de la Rebelión de la Montaña.”[7]
Recomendación:
Para ampliar la información sobre el gobierno del doctor Mariano Gálvez se recomienda la lectura del ensayo de William J. Griffith, incluido en el tomo IV de la Historia General de Guatemala, publicada por la Asociación de Amigos del País, de donde se obtuvo la información base para la presente cápsula.
[1] Arriola, Jorge Luis. Gálvez en la encrucijada. Ensayo crítico en torno al humanismo político de un gobernante. Editor Costa-Amic, México: 1961. Página 87.
[2] Griffith, William J. El gobierno de Mariano Gálvez. Tomo IV, Historia General de Guatemala. Asociación Amigos del País, Guatemala: 1995. Página 76.
[3] Griffith, Op. Cit. Página 79.
[4] Arreola, Op. Cit. Página 174.
[5] Luján Muñoz, Jorge. Breve Historia Contemporánea de Guatemala. Fondo de Cultura Económica, México: 1998. Página 132.
[6] Edward Livingston, jurista estadounidense. Redactor de los Códigos de Justicia del Estado de Luisiana, un total de cinco textos. Ofreció su obra jurídica a la Federación de Centro América, y José Francisco Barrundia y José Antonio Azmitia los tradujeron y los adaptaron a la realidad guatemalteca. La Asamblea del Estado los aprobó entre abril de 1834 y agosto de 1836, y entraron en vigor el 1 de enero de 1837.
[7]Luján Muñoz, Op. Cit. Página 131.
